martes, 31 de diciembre de 2013

La estelada todo lo tapa

El Palau de la Música Catalana celebró su centenario el pasado día 26 de diciembre en el tradicional concierto de Sant Esteve con la participación del Orfeó Català y, como novedad, del Coro de Cámara del Palau.
El acto se hallaba presidido por Artur Mas y su esposa, Helena Rakosnik; la presidenta del Parlament, Núria de Gispert; el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y el conseller de Cultura, Ferran Mascarell.
Tal como ya ocurrió el año pasado, el concierto se convirtió en acto de reivindicación independentista, cuando en el momento en que se entonó el himno del Orfeó Català, El Cant de la Senyera, una parte del público y el Coro del Orfeó Català desplegaron numerosas banderas estelades y, sorprendentemente, éste último exhibió dos “Sí” gigantes, en referencia a las preguntas de un referéndum independentista que Artur Mas había anunciado unos días antes.
El éxtasis nacionalista fue absoluto. El Palau se cubrió de estelades, con gritos de “Visca Catalunya lliure” e “In-Inde-independència”. Pero lo ocurrido en el Palau, lejos de llevar a reflexión a los sectores nacionalistas, esa “gesta patriótica” les ha llenado de entusiasmo.
Las imágenes de los nuevos Fets del Palau de la Música resultan impropias de una sociedad democrática. Un acto cultural de una entidad pagada con fondos públicos fue convertido, por decisión de unos, en una emboscada de reivindicación política afín al poder.
Esta permanente utilización de las esteladas como elementos icónicos con vocación de progresión geométrica que se está produciendo en Cataluña es propia de una sociedad de tintes totalitarios. Los fines son claros: aturdir más a la ciudadanía, hacer omnipresente la ideología independentista sin dejar espacios libres y no permitir que el estado de presión social y política desfallezca ni un solo momento. La democracia es incompatible con este tipo de escenificaciones y el recurso a este tipo de mecanismos de alienación colectiva y de apropiación del espacio común van en contra de la pluralidad y de la neutralidad política de las instituciones públicas de las sociedades democráticas sanas.
No obstante, el sumatorio del hecho en sí, el lugar en que se produjo y las autoridades presentes es una excelente metáfora del momento político que está viviendo Cataluña.
Sólo unos meses antes, en julio de 2013, el juez que investiga el expolio Palau de la Música cerró el caso concluyendo que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se había financiado ilegalmente a través del Palau. La constructora Ferrovial pagó, según el magistrado, un total de 5,1 millones en comisiones ilegales al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de obras públicas durante el último Gobierno de Jordi Pujol, en el cual Artur Mas tuvo las máximas responsabilidades: primero como conseller de Política Territorial y Obras Públicas, después de Economía y Hacienda y, finalmente, como conseller en Cap. A su vez, durante ese período, Artur Mas fue el secretario general de CDC, el cargo ejecutivo más importante del partido. En él coincidía la doble condición de miembro relevante del gobierno de la Generalidad y máximo responsable de CDC. 
Ferrovial y CDC habían llegado a un “acuerdo” en 1999, que se prolongó un decenio, por el cual se camuflaban como generosas donaciones al Palau lo que, en realidad, eran pagos ilícitos a CDC a cambio disfrutar de una posición ventajosa en la adjudicación de obras. La constructora pagaba una comisión ilegal del 4% del importe de la obra en cuestión, cuyo 2,5% iba a parar a las arcas de CDC, mientras que el porcentaje restante se lo repartían Fèlix Millet y Jordi Montull, como premio a su labor de intermediarios. En total se calcula que se saquearon de Palau de la Música unos 26,5 millones de euros; para entendernos, unos 4.400 millones de pesetas.
Ese dinero llegó a CDC mediante entregas en efectivo, trabajos electorales pagados por el Palau y en forma de donaciones al partido o a la Fundación Trias Fargas, después llamada Fundación Cat-Dem para ocultar su ominoso pasado. El auto judicial concluía que CDC debía responder como partícipe a título lucrativo, por haberse beneficiado de 5,1 millones de euros de forma ilícita, es decir, 848 millones de pesetas.
Lo sorprendente es que en el mes de septiembre de 2013 el Palau de la Música, compareció como perjudicado en la causa en lugar de ejercer la acusación frente a CDC, insólitamente, se negó a acusar al partido de Artur Mas en contra del criterio del propio juez instructor y del fiscal. De esta forma, el Palau de la Música se negó a reclamar nada a CDC a pesar del desfalco multimillonario.
La estampa del concierto del pasado día 26 de diciembre así queda completa. El concierto del Palau de la Música estaba presidido por quien había sido el secretario general de CDC, partido que, según el juez y el fiscal, había expoliado la institución donde se realizaba el concierto y cuyo coro actuaba.
La paradójica Cataluña en la que vivimos hizo que, en lugar de aprovechar la presidencia del máximo responsable del partido que perjudicó gravemente la institución para reprocharle la grave conducta depredadora, el coro del Palau de la Música se unió al aquelarre independentista sacando esteladas que sirvieron, no sólo para pervertir un acto cultural público, sino para convertirlo en acto de adhesión institucional a sus tesis políticas, todo ello con la sonrisa complaciente de Artur Mas y su séquito. 
La velada musical de Sant Esteve, lejos de ser recordada por su interés cultural, será recordada como el día en que las esteladas sirvieron para escenificar la Cataluña de la “omertà”; aquella donde, en lugar de exigir responsabilidades, se encubren, se tapan, se disimulan.
Esa estampa debería despertar la conciencia de muchos catalanes para que vieran que este proceso de secesión impulsado por Artur Mas, conduce irremediablemente a una sociedad política de pésima calidad democrática, basada en el silencio cómplice con la corrupción política, donde las instituciones públicas se utilizan para finalidades partidistas y no se exigen responsabilidades, sino que encima sirven para encubrir las vergüenzas de sus responsables.
Artur Mas salió moralmente indemne del Palau de la Música. Las estelades, una vez más, le salvaron la cara.  Bella metáfora de la Cataluña del “Estado propio”, cuando el estado propio de la Cataluña que propone el independentismo es vivir y convivir con la corrupción en sus máximas instituciones sin mecanismos de control real, bajo el canto aparentemente unánime de la sociedad civil.
No hay escándalo, ni latrocinio que una buena estelada no pueda tapar.
Publicado 31/12/2014 en Dialogolibre.com


jueves, 19 de diciembre de 2013

La democracia como coartada

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·                Publicado en el mundo
         19/12/2013
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   NACIONALISMO

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EL INDEPENDENTISMO catalán, otrora llamado nacionalismo, ha ido progresando adecuadamente en su escalada de calentamiento mediático y social hasta anunciar, finalmente, la fecha y pregunta de un referéndum de secesión de Cataluña. Paradójicamente, los partidos que lo proponen (CiU, ERC, ICV y CUP) no tienen en el Parlament de Cataluña ni siquiera la mayoría necesaria para reformar el Estatuto de Cataluña. Inmediatamente la máquina de propaganda se ha puesto en marcha para vincular ese referéndum de secesión a la idea de democracia, utilizando insistentemente la frase «votar es democracia» con la que nos van a acompañar los próximos meses.
Para el independentismo la utilización de la propaganda constante en los medios públicos y subvencionados es más o tan importante como el propio fondo del asunto y requisito indispensable para que se pueda imponer y triunfar socialmente. La apelación a frases simples y rotundas pretende cortocircuitar cualquier posibilidad de pensamiento en contra, pues implica ejercer en el foro público el pensamiento crítico anulado en la sociedad catalana.
Asimilar democracia y votación es la coartada necesaria para que el pensamiento único nacionalista acabe de laminar cualquier atisbo de pluralismo y democracia en Cataluña, ignorando que en la UE no hay democracia fuera del Estado de Derecho. Y quien usa el nombre de la democracia al margen del Estado de Derecho, pretende lo que no debe. Un demócrata cuestiona no sólo el qué se vota sino, sobre todo, el cómo, lo que determina el carácter democrático de una votación. Y aquí es donde el independentismo tiene claro que no hay debate posible. En Cataluña, quien pone las reglas de juego son los independentistas, frente a lo que sólo dejan como respuesta un «lo toma» o un «aténgase a las consecuencias».
Las condiciones en que el independentismo plantea un posible referéndum en Cataluña asquearía a cualquier demócrata y se resume en el sometimiento de la ciudadanía a un ambiente de presión social constante y en todos los ámbitos, la falta de neutralidad política de los medios de información públicos y privados subvencionados y el acoso y la estigmatización social a cualquier muestra de discrepancia al modelo normalizado de catalán, de buen catalán. Lo que ha venido a llamar la teoría de la «olla a presión», de forma que sólo con el sometimiento a condiciones de alta presión y temperatura políticas y sociales un cuerpo social estable puede estallar en una reacción exógena en el sentido interesado, independentista en este caso. Situación de presión que no puede mantenerse de forma permanente, de ahí su expresión «tenim pressa» (tenemos prisa).
El independentista catalán apela, con cierta reiteración y con trazos gruesos, a los referendos de Escocia y Quebec, cuando la forma del proceso catalán no soportaría ni la más mínima comparación con esas experiencias políticas. Ninguno de los dos procesos citados se planteó la pregunta y la fecha antes de que hubiese, lógicamente, la correspondiente autorización de los Estados canadiense o británico. Los nacionalistas tampoco han planteado nunca un quórum mínimo de participación y un porcentaje mínimo de votos favorables que garantizase una mayoría social inequívoca y un respaldo social suficiente. Ni tampoco quieren plantearse qué ocurriría con el estatus jurídico y político de la parte de Cataluña donde no se alcanzase esos mínimos, como así estableció la sentencia de la Corte Suprema de Canadá. Por supuesto, aquí es donde nuevamente el nacionalismo conoce sus debilidades y evita cualquier planteamiento.
El independentismo ha actuado en contra las reglas de fair play democrático, que exigiría cualquier demócrata. Tampoco ha respetado las mínimas condiciones de juego limpio establecidas por el Gobierno británico al escocés, como son la prohibición de actuar bajo la presunción de un posible resultado y la de utilizar la autonomía para preparar el acceso a la transición de la independencia. El paso dado por Artur Mas, anunciando la celebración de un referéndum ilegal, supone la ruptura definitiva de la cohesión social en Cataluña como forma de paz social, basada en la tolerancia y el respeto al pluralismo; cuando se antepone la ideología de unos a los consensos ciudadanos basados en la Constitución.
La cohesión social fue un argumento estratégico para el nacionalismo durante los últimos 25 años cuando se trataba de imponer el sistema de inmersión lingüística a toda la población; pero, ahora, está visto que, para ellos, la cohesión social ha perdido todo el sentido cuando es el momento de imponer de una vez por todas (sí o sí) sus tesis uniformizadoras a toda la sociedad. Cohesión social, para los independentistas, es uniformización social. Socialmente, Mas y sus valedores han dado por amortizada la parte de la ciudadanía no nacionalista, que les estorba para rematar el experimento de ingeniería social.
Se ha llevado el debate al terreno de lo sentimental con argumentos primarios, infantiles y, con demasiada frecuencia, falsos y manipulados. Se huye, por parte de los independentistas, de un debate político de fondo, sabedores que el mismo les es perjudicial. El debate demagógico y cainita es el elegido por ellos. A su vez, el Gobierno de Mariano Rajoy ha adoptado la misma estrategia que tomó con el desastre ecológico del Prestige: alejar el problema de la costa y esperar que el tiempo arregle lo que se ven incapaces de resolver. A todo esto, una parte importante de la sociedad catalana se siente cada vez más abandonada por el Gobierno. Ya que, al igual que en la mecánica de los fluidos, el espacio político que no es ocupado por las instituciones del Estado en Cataluña automáticamente es ocupado por el nacionalismo, espacio que difícilmente podrá recuperarse para la vida en tolerancia y pluralidad.
Es, pues, el momento de hacer la tarea que le correspondería al Gobierno, de exponer con rotundidad cuáles serían los costes económicos, políticos, sociales y afectivos de un proceso de secesión. Llevar el debate al terreno de la razón y de los análisis objetivos. Debemos aportar luz a este proceso de sinrazón y de destrucción de una labor social construida con el esfuerzo de todos los españoles al amparo de la Constitución.
Es, pues, el momento de la defensa de España, concibiendo España, no sólo como referente histórico y sentimental, sino fundamentalmente como el sistema de garantías de los derechos y libertades de los ciudadanos que nos dotamos los españoles con la Constitución de 1978. En defensa de nuestros derechos y libertades públicas, en defensa de España.
Ramón de Veciana Batlle es miembro del Consejo de Dirección de UPyD y portavoz de UPyD Cataluña.
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